crianceros de la zona Centro de Neuquén

Ante la denuncia de la comunidad Mapuche Mellao Morales del cierre de un callejón de arreo por parte de un estanciero en la zona Centro, el Frente Grande de Neuquén manifiesta su preocupación y solicita al gobierno provincial,  haga cumplir en forma urgente la legislación vigente que garantiza el acceso de las comunidades con sus animales,  a las tierras  de  veranada.

 En el mes de septiembre de 2016 fue promulgada la ley 3016 que establece en su artículo primero que a través de la misma se buscará “ garantizar, fundado en el interés público, el derecho de las familias trashumantes de la Provincia del Neuquén a transitar con su ganado por las huellas de arreo, para trasladarse de las zonas de invernada a las de veranada y viceversa, en trashumancia, conservando el ambiente y respetando el patrimonio natural y cultural de la zona”;  la acción de cierre de tranqueras ejercida por el estanciero Nogueira a la altura del paraje Huarenchenque, se contrapone y es violatoria de la normativa vigente.

Desde al año 2011 los equipos técnicos del Ejecutivo Provincial, en conjunto con  productores y crianceros, hicieron recolección de datos en terreno que luego fueron sistematizados para concluir con la ley. Se trató de un trabajo de muchos años impulsado por varios proyectos presentados, entre ellos por el diputado del Frente Grande Raúl Podestá, preocupados por “ la sustentabilidad dela actividad, en vista de la involución que sufren los corredores de arreo, frente a otros intereses, y cambios de usos”.

 Los propios funcionarios de gobierno, al momento de discutir el tema expresaban que “las limitaciones al tránsito de los productores y sus animales, la falta de infraestructura adecuada durante el arreo y el riesgo de siniestro en las rutas eran el motor del  trabajo”, sin embargo la situación registrada ahora con la comunidad Mellao Morales,  pone en evidencia que el discurso oficial no se condice con lo que efectivamente sucede en el territorio.

 Considera el espacio político que la falta de intervención del Estado provincial, para garantizar tal derecho de las comunidades, es borrar con el codo lo que se escribe con la mano. Es el propio Estado quien debe velar por efectivizar la trashumancia de cientos de familias que tienen en esa actividad su modo de vida. Tal como lo señala el equipo de Pastoral Aborigen de la Regional Sur se estigmatiza nuevamente al pueblo mapuche para seguir negando sus derechos.

 Las comunidades  hicieron un reclamo a través de la justicia  y mientras se demoran las respuestas sus piños, se ven amenazados de morir por no poder acceder a las zonas de pastoreo que se suponían garantizadas por los callejones públicos de arreo