proponen nuevo Sistema Penitenciario Provincial

Se busca abrir el debate proponiendo un sistema independiente de la fuerza policial, que jerarquice la actividad profundizando la formación y que garantice la reinserción social de las personas privadas de la libertad

A cinco años de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la provincia, los diputados Raúl Podestá (FG) y Alejandro Vidal (UCR) presentaron un proyecto de ley por el que se crea el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), que tendrá como misión específica la vigilancia del cumplimiento de las penas y medidas privativas y restrictivas de la libertad impuestas por la justicia, que deban cumplirse en el ámbito de los establecimientos de detención provinciales.

Raúl Podestá lo explica en nota de Canal 7 de Neuquén https://www.facebook.com/164927814005086/videos/373457439941406/

“De alguna manera estamos poniéndole el último eslabón de la cadena del sistema procesal penal, luego de haber sancionado un Código Procesal considerado modelo en el país. La creación de este Servicio Penitenciario viene a cerrar el proceso respecto al cumplimiento de la Pena” consideraron los diputados autores del proyecto.

El nuevo Sistema Penitenciario Provincial tendrá una estructura independiente de la policía, “Siguiendo las conductas de otros países el SPP dependerá de una autoridad civil, en este caso el Ministerio de Trabajo de Desarrollo Social y Seguridad, y contará con personal con formación especial para este tipo de sistemas. La propuesta busca jerarquizar una actividad que en la mayoría de los casos, en la actualidad, se encuentra degradada en sus consideraciones sociales, consecuentemente también en sus remuneraciones y con escasa apreciación como carrera.”

El proyecto, elaborado en forma conjunta por los dos diputados, “tiene la pretensión de abrir el debate sobre una cuestión que consideramos necesaria a partir del nuevo sistema procesal. Poner este tema en agenda nos permitirá recibir propuestas para mejorarlo, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo fundamental es cumplir con los preceptos constitucionales y contribuir a la reinserción social de las personas privadas de la libertad y democratizar el servicio” concluyeron Vidal y Podestá.

Los legisladores sostienen en sus fundamentos que se busca con el mismo dar efectivo cumplimiento al Art. 18 de la Constitución Nacional referido a que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos…” y al respeto de tratados internacionales con supremacía constitucional a los que Argentina ha adherido. En tal sentido, las exigencias que se desprenden de esos textos se resumen en respeto a la integridad psíquica, física y moral de las personas privadas de su libertad, prohibición de toda forma de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, separación de procesados y condenados; entre esos, según tipo delictuoso; separación de adultos y menores; y por sobre todo ello, el respeto al principio de defensa con el fin de que la privación de la libertad tenga por finalidad la reforma y readaptación social de los condenados”.