Violencia sexual en infancias

El Frente Grande Neuquino acompaña la preocupación de distintos sectores sobre la creación de un Observatorio de Abuso Sexual hacia las infancias y adolescencias, propuesto por el gobierno neuquino. Rechaza, tal como lo hace el Foro en Defensa de los Derechos de Niñas/os y Adolescentes y el Bloque de diputados del FdT, el proyecto que se debate en el ámbito legislativo y que avanza con un registro de datos de niñas, niños y adolescentes, acción prohibida por la Ley 25326 de protección de datos personales.
El espacio político afirma, que comparte los fundamentos de oposición a la iniciativa enviados por el Foro a los legisladores provinciales, señalando que los datos que pretende recolectar el proyecto del Observatorio, “se denominan datos sensibles según lo define la ley 25.326, de datos personales, que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual de una niña, niño o adolescente. Esta información merece la mayor protección porque su divulgación, su exposición, pueden significar un gran daño. Dicha ley en su artículo 7 establece taxativamente “Queda prohibida la formación de archivos, bancos o registros que almacenen información que directa o indirectamente revele datos sensibles”.
Efectivamente el FG acompaña la mirada respecto a que “el Estado no puede poner en riesgo el ejercicio de un derecho personalísimo como la intimidad, la dignidad, y la privacidad de una víctima, buscando información con la que ya cuenta el sistema de salud o el sistema de justicia provincial”. Esto queda plasmado también en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y en la Ley Provincial 2302.
En particular, la ley provincial 2302, con la que Neuquén fue pionera en materia de infancia y adolescencia, fue gestada en 1993 a partir de un grupo destacado de profesionales con vasta experiencia en la temática, conocido como “Grupo de Apoyo a la Infancia y la Adolescencia”, integrado, entre otras y otros, por nuestra compañera Alicia Gillone y aprobada a fines del año 1999. Sin embargo, tras 21 años de la sanción de una herramienta tan valiosa, se mantiene la deuda con el financiamiento y el efectivo cumplimiento de derechos humanos fundamentales de la infancia y la adolescencia como la salud, una vivienda digna y educación – que en tiempos de esta pandemia no han tenido plena garantía de accesibilidad-. No hay garantía de instrumentos tales como la designación de profesionales que asuman tratamientos y asistencia, de las niñas y de los niños víctimas de malos tratos, negligencia y abuso sexual, en el seno de su familia, constituyendo su falta de implementación un acto de revictimización. “Surge sistemáticamente la falta de personal técnico- profesional especializado, espacios de atención, contención, evaluación y tratamiento para este universo etario y para sus progenitores o adultos/as protectores, tanto en el Organismo de Aplicación, que es Desarrollo Social, como en áreas de Salud o Municipios. También faltan programas y dispositivos que acompañen y realicen seguimiento de las familias con dificultades en la crianza.
En nuestra provincia no existe razón económica que explique esta omisión estatal arbitraria, tal como lo afirmara Nara Osés, quien fuera Defensora de los Derechos del Niño y del Adolescente 1994/2016, en la Primera Circunscripción Judicial. Ningún otro instrumento a crear subsanará lo que no se cumple, por lo que reclamamos la efectivización plena de la ley de protección integral de niñez y adolescencia.