LEY2885

El diputado expresó en oportunidad de aprobarse la norma que la creación del Registro de Deudores Alimentarios tenía como objetivo generar una situación de dificultad hacia aquellos que incumplían, este proyecto, habida cuenta de la experiencia llevada adelante demostraba la necesidad de ajustar algunos puntos y es lo que se buscó con la ley.

Entre los argumentos, y apelando al articulado pertinente del Código Civil, Podestá recordaba que “quien reclama los alimentos es el menor, no como ocurre generalmente que se piensa que es la madre, que simplemente lo representa en el juicio correspondiente”. “La aclaración es pertinente, tanto para las madres que quizás no se sientan fuertes para transitar por este juicio, como para los padres que en muchas oportunidades se niegan a abonar la cuota establecida a la madre del menor y de este modo, ambos olvidan que quien se ve vulnerado en el derecho es el menor y que es solo de sus necesidades de las que se deben ocupar”.
La iniciativa se fundamentó en la falta de registración de todos los deudores, dato que surgía del contraste entre el registro y la realidad de los tribunales.
Detallaba Podestá, que no estaban todos los deudores registrados, dado que solo se  hacía a pedido de partes y no de oficio, como se propuso a partir de la modificación de la ley, para que el juez que entiende en la causa directamente los incorpore al Registro”.

A partir de la ley el Registro emite un certificado de libre deuda alimentaria, que podrá ser extraído vía web, requisito que deberá solicitarse para múltiples trámites y situaciones.
El certificado es exigido para habilitaciones, concesiones, licencias o permisos ante instituciones u organismos provinciales; para la apertura de cuentas corrientes, gestiones de crédito, operaciones comerciales y bursátiles; para ser proveedor o contratista del estado; para ser candidato a cargos electivos provinciales o municipales, ser funcionario público, autoridad en cualquiera de los poderes del estado, para concursos en el Consejo de la Magistratura, para adquirir o ceder viviendas sociales de la provincia y actos de disposición de bienes registrables, entre otros.