Servicio de atención de CALF

Desde el Frente Grande se solicita a los gobierno local y provincial que acompañen la decisión de la cooperativa eléctrica de no trasladar los aumentos a las tarifas de energía a los usuarios

El espacio político insta al Ejecutivo de la provincia de Neuquén y al intendente capitalino a ponerse a la altura de las circunstancias, acompañando a los vecinos y sosteniendo a la cooperativa CALF intimada por Cammesa a aplicar los nuevos tarifazos previstos por resolución de la Secretaría de Energía de la Nación.

Los nuevos valores impuestos a las facturas a partir de marzo representarán incrementos de alrededor del 50 por ciento y Calf sostiene su decisión de no trasladar ese incremento a las facturas de luz, buscando otras alternativas que no impliquen un golpe más al bolsillo de las familias neuquinas.

El Frente Grande sostiene que la política energética del gobierno nacional ha propiciado el retorno explícito al marco regulatorio neoliberal de comienzos de los noventa y tal como lo explican las cooperativas nucleadas en FACE, el costo de la energía históricamente representó poco más de 30% y ahora está cerca del 70% más impuestos y tributos que se aplican en las facturas.

La política energética de Cambiemos ha demostrado la profunda insensibilidad de este gobierno nacional, actitud que se traslada a las gestiones locales con su inacción para enfrentarla; dicha política ha incidido fuertemente en los servicios públicos, siendo regresiva para el ingreso de los hogares y en el acceso a dichos servicios, con tarifas sociales agotadas en el corto plazo.

No sostener el planteo de la cooperativa con decisiones políticas en la misma sintonía de acción, significa dejar librados a los usuarios a su propia suerte y no comprender que, como lo sostiene el investigador de Conicet Esteban Serrani, “es imprescindible volver a ubicar la discusión de los servicios públicos considerándolos bienes públicos que sirven tanto como igualadores sociales como para mejorar la calidad de vida de la población, que deben ser socialmente viables al tiempo de reconocer una rentabilidad razonable y sostenible para las empresas que brindan los servicios”.