Comisión de Asuntos Constitucionales
El tema fue aprobado hoy en la comisión de Asuntos Constitucionales, con la oposición de algunos legisladores, entre ellos la de Raúl Podestá. También se dio tratamiento en la comisión a iniciativas de emergencia de las Pymes
En el marco del tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales, del proyecto de ley para que se ratifique el “Consenso Fiscal” firmado por las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno Nacional el pasado 16 de noviembre, el diputado del Frente Grande Raúl Podestá manifestó su oposición al mismo manifestando que “es una resignación de la soberanía federal de la provincia”.
El legislador fundamentó también su rechazo indicando que significa además “que el gobierno provincial comparte un proyecto político y económico a nivel nacional que nos está llevando hacia el desastre; caminamos hacia el precipicio sin detenernos y con la concepción de que es el único camino. Es muy incómodo que Neuquén comparta este proyecto”.
Por otro lado, en la misma comisión, se consideraron proyectos vinculados al acompañamiento de la crisis de las pequeñas y medianas empresas de la provincia, uno de emergencia Pyme por el plazo de un año, presentado por Podestá y otro del Poder Ejecutivo vinculado a impuestos provinciales.
El legislador planteó en la discusión que los beneficios deben alcanzar a todas las empresas de la provincia, la situación de las PYMES amerita tomar medidas y el Ejecutivo provincial lo reconoce al presentar el proyecto de estabilidad para las empresas. Indicó sin embargo Podestá que su proyecto “va más lejos planteando una reducción del  50% de la alícuota sobre el impuesto sobre los ingresos brutos, la bonificación del 10% por pago en tiempo y forma del importe sobre el impuesto de ingresos brutos, una reducción adicional del 10% sobre el  mismo impuesto  para las Pymes que desarrollen programas de inversión y amplíen su planta de personal en un número mayor al 5%; un diferencial del 5% en la disminución del importe a pagar sobre el impuesto de ingresos brutos a aquellas pymes radicadas en localidades con menos de 5000 habitantes y el diferencial del 7% en la disminución del pago de ingresos brutos, para las cooperativas y empresas recuperadas provinciales y una disminución de un 30%  en la alícuota sobre el impuesto de sellos, entre otras medidas.